Cada día se escucha más por las calles esa voz que miente sobre las personas emigrantes. Como si no bastara con que tuvieron que abandonar su tierra dejando atrás lo que desde aquí ni siquiera podemos imaginar, se las señala como responsables de lo que nosotras no podemos tener. Mentiras sobre las que se arma un discurso de odio para fabricar un escenario de rechazo. Un odio que, en la mayoría de las personas, se alimenta desde el desconocimiento y la frustración de no alcanzar aquello que consideran su derecho o, al menos, deseable.
Ese odio, sin embargo, se alimenta desde un interés que juega en otro tablero. El del capital y la clase política que lo sirve. No tiene nada que ver con lo que nos cuentan ni con aquello de lo que intentan convencernos. No busca más que el beneficio económico a costa de lo que sea. Es un odio falso, porque en verdad no quieren que se vayan. Solo quieren que se queden, pero en una situación de indefensión absoluta. Una vulneración fabricada por un sistema económico egoísta que orquesta esta maniobra como forma de apropiación del valor del trabajo ajeno. Si estas personas se quedan sin los papeles que las sitúan al servicio de otros, sin regulación ni cuidado que persiga comportamientos explotadores, serán pasto de lo más cercano a la esclavitud que el siglo XXI está dispuesto a admitir. Y lo serán con la connivencia de los gobiernos.
Trabajan siete días a la semana, diez a catorce horas al día, por una miseria: un papel en el guión de una función que ninguna de nosotras aceptaríamos. Se pueden encontrar salarios de 37 euros por jornadas de hasta diez horas en la agroindustria sin mucha dificultad, llegando a 40 o 50 euros en jornadas más intensas. Cifras, todas ellas, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Mientras el odio siga bloqueando la regularización de las personas que vienen de otros países, la mano de obra para los trabajos más duros y peor pagados estará asegurada.
Si esta realidad es cruda y ya negada por una multitud, la realidad plena es mucho peor. Nos resulta fácil identificar este comportamiento, carente de toda ética y respeto humano, cuando lo vemos en terceros. Pero si buscamos dónde trabajan muchas de estas personas, la lista no acaba en las plantaciones de la agroindustria ni en el sector de la construcción. Encontramos una gran cantidad de ellas, especialmente mujeres, limpiando nuestras casas y, lo que es aún más importante, cuidando a nuestros mayores y a nuestros hijos. Hay maldad en este guión.
a
Foto de Danie Franco
a
Vemos la situación desde el sillón de nuestra casa y tenemos claro que la explotación del emigrante en la industria es inmoral e injusta. Podemos firmar una petición o darle a un clic para denunciarla. Pero ¿qué hacemos cuando nos descubrimos como actores en la función? ¿Lo negamos y seguimos mirando a través de alguna pantalla? ¿Alguien nos ha preguntado si queríamos formar parte de esta obra?
Pensemos un momento, separándonos del papel que interpretamos en esta función. Nuestros mayores viven, muchos de ellos, situaciones que requieren cuidados continuos mientras nosotras estamos trabajando para mantener una relativa comodidad. ¿Quién puede pagar con su sueldo a tres personas para cubrir veinticuatro horas de atención que solo trabajen ocho horas diarias? La alternativa, una residencia, vuelve a sobrepasar la capacidad de pago de la inmensa mayoría. ¿Cómo pagarlo? Nuestro estado del bienestar habla de residencias públicas, pero estamos en los inicios de la jubilación del baby boom y ya hay que esperar años para conseguir una plaza, si alguna vez lo consigues. ¿Qué ha de ocurrir en no más de diez o veinte años? No es cierto que la dependencia de las personas mayores esté cubierta por lo que ellas aportaron al país durante toda su vida laboral ni por lo que hoy puedan pagar con sus pensiones. Y entonces, ¿qué? La realidad nos lo muestra con crudeza: trasladamos nuestra falta de solución a una persona que, al no estar cubierta por los mismos derechos que nosotras, está dispuesta a cuidar de nuestras personas queridas por menos de lo que sería de ley.
Si el explotador directo, cercano a la esclavitud, es reprobable sin paliativos, lo que el resto hacemos para escapar de la carencia de los cuidados públicos merece al menos una pregunta: ¿Cómo lo tenemos que vivir? ¿Cómo lo llamamos? Es, cuanto menos, más triste, pues convierte a gran parte de la sociedad en figurantes de una función que no quiere representar.
Preguntarse por la causa real de esta situación pone las cosas en su sitio. Las nóminas de las empresas no dan para que el mundo de los cuidados se pueda cubrir pagando a terceros conforme a ley. Las personas o bien dejan de trabajar para cuidar, en otros tiempos lo hicieron nuestras madres y abuelas, o trabajan sin conseguir con ello la capacidad de pago suficiente para hacerlo legalmente. Permitimos la precariedad del emigrante para poder sostener los cuidados a nuestros mayores, niños e incluso nuestras casas, salvando de esta forma un beneficio extraordinario para el capital, que puede seguir pagando de forma insuficiente la mano de obra. También la de las que tenemos papeles. Porque no somos sino más de lo mismo, pero con derechos. Personas mal pagadas para cubrir las necesidades de una sociedad que se dice sana.
Ver esta realidad es doloroso para todas aquellas personas que tenemos que atender situaciones complicadas de nuestros mayores o hijos. Ante la impermeabilidad de la empresa y la falta de asistencia del Estado, recurrimos a la bondad y la necesidad de las personas emigrantes para confiar en ellas lo que nosotras no podemos dar.
Nos duele escuchar al capital manteniendo ese discurso falso y burdo para preservar su posición de privilegio frente a personas con estatus jurídico de segunda. Pero cuando reconocemos la forma más sutil de esa misma explotación, no pagar a sus trabajadoras con papeles lo suficiente para cubrir las necesidades de los cuidados de sus familiares, es cuando más sangran los ojos. Nos utilizan como vehículo de explotación y nos exportan la necesidad de mantener esta situación insostenible. Este mecanismo es un acelerador del proceso artificial de odio: la validación de una mentira que nos permite justificar que nos utilicen como peones en la trama del beneficio del capital.
No nos preguntaron si queríamos ser actores en su función. No nos enseñaron el guión. Pusieron los decorados y nos introdujeron, desde la necesidad, en el papel.
Lo primero es ser conscientes de ello. Nos engañaron, pero ahora lo sabemos. Desde ahí debemos acabar con la precariedad y el rechazo a quienes deberíamos estar dando las gracias cada día por ayudarnos a cuidarnos. Seamos firmes y traslademos la cuestión a donde debe estar: a la empresa, que nos quiere allí trabajando y no en casa cuidando a nuestra madre, y al Estado, que es el custodio del bienestar. Reconozcamos el problema y, junto a estas personas que vienen a este otro trozo de la Tierra, construyamos las soluciones para que ellas tengan una vida digna y nosotras podamos cuidar a quienes queremos.
Porque al final, una vez más, estamos ante lo mismo: la exportación de los costes ecosociales para enriquecer a una minoría. Solo que esta vez el coste tiene nombre, tiene rostro y limpia nuestra casa.
Raúl Contreras
NITTÚA